Por JORGE SAINZ © 2009 The Associated Press
El gobierno español negó el martes que existan redadas masivas para identificar inmigrantes irregulares, tal y como aseguran algunas asociaciones, y precisó que lo único que hay son controles policiales estrictamente legales, que en ocasiones han culminado con la detención de miembros del grupo separatista vasco ETA.
Diversos colectivos de extranjeros llevan denunciando desde hace meses un aumento de la presión policial, que, a su juicio, se ha traducido en controles indiscriminados de documentación basados en criterios como el color de la piel en lugares muy frecuentados por inmigrantes, como embajadas, transporte público y locutorios.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró en el Senado que la policía despliega operativos de seguridad, pero nunca ese tipo de "cacerías".
"La policía cumple escrupulosamente la ley y la Constitución", dijo Rubalcaba en respuesta a una pregunta formulada por el opositor Partido Popular. "No hay redadas, no existen", agregó.
Rubalcaba subrayó que ya se ha reunido con algunas asociaciones de inmigrantes para detallar la política migratoria del gobierno y explicó que algunos de estos controles han permitido detener a activistas de ETA.
"Existen operativos de policía que a veces trabajan en lugares como intercambiadores de metro y a veces hacen controles", argumentó. "Este tipo de operaciones las va a seguir haciendo la policía", añadió.
Sin embargo, el senador del conservador Partido Popular Luis Peral acusó al ministro de negar la evidencia y pidió el cese la persecución al colectivo extranjero.
"¿Qué tiene que pasar para que cese este hostigamiento racial en base a rasgos de la piel?", se preguntó Peral.
Casi 5 millones de inmigrantes, el 12% de la población, viven en España. La crisis económica y la recesión está golpeando con dureza a los extranjeros. Si la tasa de desempleo en el país es del 17,9%, entre los inmigrantes supera el 28%.
Para muchas asociaciones la crisis ha provocado un endurecimiento de la política de inmigración en España. Actualmente, el parlamento tramita una polémica reforma de la ley de extranjería impulsada por el gobierno socialista.
otras cosas, el texto propone ampliar de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los llamados centros de internamiento y limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.
A pesar de las críticas recibidas, el gobierno dijo que el objetivo de la reforma no es recortar derechos, sino favorecer una inmigración vinculada a las necesidades del mercado laboral.
